La Contraloría Social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrados en la Constitución.
Mediante este componente, se pretende asegurar que la población esté informada sobre: reglas de operación de los programas, estándares de los servicios, características específicas de las obras, acciones y proyectos, tipos y montos de apoyos económicos, los medios institucionales existentes para resolver dudas y canalizar sugerencias, quejas y denuncias.
Estos programas significan, en su concepción más elemental, la transparencia de la acción y los recursos públicos.
Con este componente se pretende propiciar la utilización de medios de información en términos de cobertura, accesibilidad, oportunidad, calidad y eficacia.
Una de las estrategias para fortalecer y renovar la Contraloría Social, es la incorporación del sector educativo en acciones de Control, Vigilancia y Evaluación de las obras y/o acciones que emprende el gobierno. En este sentido, la comunicación gobierno-sociedad, a través, de las instituciones educativas representa un punto de acercamiento y de colaboración para emprender acciones concretas, de acuerdo con las necesidades de cada entidad federativa.
